“Tenemos conciencia de que si nosotros mismos no somos protagonistas para defender nuestros derechos territoriales, vamos a ser avasallados. El gobierno piensa que no estamos en la capacidad de entender, en la capacidad de hacer una lucha para que se haga respetar nuestros derechos. Pero nosotros estamos demostrando que existen líderes con capacidad organizacional de sacar adelante este tipo de protesta”.
Dirigente indígena de Nuevo Chota (Amazonas, Perú), 22 de marzo de 2009.
A mediados de 2008, Alan García Pérez, presidente peruano, aprovechando facultades legislativas extraordinarias relacionadas con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, dictó una serie de normas que promovían un intensivo ingreso de inversiones privadas transnacionales en territorio de las comunidades indígenas amazónicas, facilitaban la parcelación individual y el despojo.
Un primer paro nacional, en agosto de ese año, consiguió que el Congreso de la República derogara dos de esos decretos, por considerarlos anticonstitucionales. Sin embargo, los restantes continuaron en estudio por varios meses. Ante esta demora y constantes postergaciones, 1.300 comunidades nativas iniciaron el segundo Paro Nacional Amazónico, en abril de 2009.
En la movilización participaron comités de lucha indígena de las seis regiones amazónicas del país: Loreto, Amazonas, San Martín, Cajamarca, Ucayali y Madre de Dios. Hombres y mujeres, indígenas y mestizos, tomaron las principales vías de comunicación de la selva (carreteras y ríos), de manera masiva y sin armas de fuego, a fin de presionar al gobierno para generar un diálogo transparente con los voceros de las organizaciones de base. En pleno conocimiento de sus derechos territoriales, según la Constitución peruana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, todos y todas planteaban un objetivo claro: “No queremos modificación, queremos derogación”.
En este contexto, alrededor de 3.000 indígenas de las etnias Awajún y Wampis, provenientes de la provincia de Bagua (región San Martín), bloquearon durante 45 días un tramo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, conocido como Curva del Diablo (región Amazonas). El día 5 de junio, el gobierno peruano ordenó su desalojo: fuerzas policiales armadas atacaron a los manifestantes, provocando actos violentos que, según el reporte de la Defensoría del Pueblo, dejaron un saldo de 24 policías y 10 civiles muertos, 200 civiles heridos (82 de bala) y un policía desaparecido. Tras estos hechos, el Congreso derogó dos decretos más y llamó a conformar una Mesa de Diálogo.
Al servicio del TLC
García no es el primer presidente peruano que intenta legitimar la explotación de recursos naturales de la selva amazónica sin un apropiado estudio de impacto ambiental, ni consulta a las comunidades de la región. Difícil de entender es que no haya previsto problemas en un contexto de preocupación mundial por el cambio climático. Inaceptable, que no haya pensado siquiera en la población nativa, siendo Perú un país firmante del Convenio 169, donde se señala claramente que los pueblos indígenas y tribales “deberán tener derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.
Durante el gobierno de Alberto Fujimori, el país entró en un periodo de crecimiento económico gracias a la privatización de empresas y concesión de territorios para la exploración y la explotación minera. De 2001 a 2006, con Alejandro Toledo, se firmaron los principales tratados internacionales de libre comercio. Alan García tuvo la tarea de poner en marcha los acuerdos comerciales. Esto y otras demandas privadas de inversión, por parte de empresas transnacionales, le llevaron a pedir al Congreso de la República, en diciembre de 2007, facultades para legislar en materia referente al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Posteriormente, empezaron a hacerse públicos una serie de decretos que, en su conjunto, buscaban debilitar la organización campesina y nativa, otorgando al Ministerio de Energía y Minas la prerrogativa absoluta de decidir la concesión de territorios pertenecientes a los pueblos indígenas (D.L. Nº1064) y promoviendo la tenencia individual de tierras, en detrimento de la propiedad comunal, como condición para acceder a créditos agrarios (D.L. Nº1020 y Nº1089). Según Vladimir Pinto, abogado del Programa de Defensa de los Derechos Indígenas, la intención del gobierno habría sido completar la agenda neoliberal del país, facilitando el acceso al mercado de áreas que no estaban insertadas previamente en él, por razones geográficas y culturales.
Según el Informe en Minoría de la Comisión Especial para investigar y analizar los sucesos en Bagua, el conjunto de decretos legislativos fue el fruto de una delegación especial de poderes desde el Congreso al Poder Ejecutivo, justificada en la necesidad de adecuar la normativa nacional a los compromisos asumidos para la firma del TLC con Estados Unidos y otras futuras contrapartes comerciales del Perú. Este objetivo, de alta prioridad nacional y cuyo contenido no fue explicado ni debatido nunca con la población peruana y menos con la población indígena, fue aducido sistemáticamente por la Ministra de Comercio, responsable de conducir las negociaciones, y por el resto del Poder Ejecutivo para obstaculizar el debate relativo a la legitimidad y constitucionalidad de los decretos legislativos después. Insistencia que generó apresuramiento en las decisiones conducentes a la tragedia del día 5 de junio de 2009 en la Curva del Diablo.
Deuda histórica, conflicto actual
“Entonces, ¿por qué Alan García no viene a dialogar acá? ¿Por qué se va a otros sitios? ¿Por qué envía policías armados para que tiren bala? Nosotros no somos animales, somos personas que podemos razonar. Nuestro pueblo Awajún siempre ha solucionado sus problemas con diálogo, no con arma. Sólo se usa arma cuando se ha declarado la guerra, por eso ahora el pueblo Awajún piensa que el gobierno le está declarando la guerra”.
Ernesto Ishmiño, dirigente indígena de Río Santiago (Amazonas, Perú).
La colonización de la Amazonía, impulsada por el gobierno peruano a lo largo de la primera mitad del siglo XX, en pos de la expansión de cultivos de caña de azúcar, la extracción de látex de Shiringa (caucho) y maderas preciosas, trajo como consecuencia no sólo la sobreexplotación de recursos, sino la esclavitud y posterior exterminio de comunidades nativas enteras, a pesar de que por aquel entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya había visto la luz.
Actualmente, descendientes de los indígenas amazónicos han reclamado al Estado su reconocimiento como “Comunidades no contactadas”, y desarrollan sus vidas en paralelo con el sistema nacional. No se mantienen “al margen de la civilización” por ser salvajes o ignorantes, sino porque han sufrido lo peor de la cultura occidental. El Gobierno, en cambio, se niega a reconocer el origen sangriento de este aislamiento voluntario y atribuye la creación de la figura del “nativo no contactado” al afán de medioambientalistas (ex comunistas y proteccionistas, siempre anticapitalistas), que no quieren que la inversión extranjera promueva el desarrollo del país.
Bajo esa certeza, el gobierno pretendió “resolver el problema” en Bagua de manera prepotente, convencido de que una intervención enérgica desequilibraría por completo la resistencia de las personas manifestantes. No se tuvieron en cuenta los factores culturales propios de pueblos con tradición guerrera, ni que la mayoría de varones de las etnias Awajún y Wampis son reservistas permanentes del ejército nacional, de modo que aunque no tuviesen armas de fuego, existían probabilidades de enfrentamiento. Las autoridades políticas peruanas tampoco respetaron la trascendencia de las demandas indígenas, ni sus derechos territoriales.
Consideraciones finales
Lo sucedido en Bagua puso en evidencia internacional la incapacidad del gobierno peruano de administrar pacífica y eficientemente las diferencias culturales de su país. Mucho tiene que ver la habitual soberbia de las clases gobernantes, enraizada a una tradición oligarca y paternalista. La resistencia al diálogo del Presidente de la República y su partido, previa a los sucesos de junio de 2009, denota además una intensa necesidad de ejercer poder autoritario, aunque éste no sea un buen aliado del Estado de Derecho y de la democracia.
En consecuencia con esto, la masa crítica más influyente, asentada en las ciudades, rechaza y teme la posibilidad de levantamientos armados en las zonas rurales y muchas veces se muestra incapaz de reconocer legitimidad en la defensa del territorio. Las posturas de los medios de comunicación están polarizadas y la amenaza de acusaciones por sedición y terrorismo persisten sobre las personas implicadas en movimientos sociales.
El 19 de mayo de 2009, el Congreso de la República del Perú aprobó la Ley del Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas u Originarios Reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. A día 14 de junio de 2010, el Ejecutivo se encuentra revisándola, antes de decidir su promulgación.
Pese a esto, los pueblos Awajún y Wampis aún aguardan con recelo las decisiones y acciones del gobierno, lo que podría generar poca cooperación en futuros proyectos de desarrollo y participación ciudadana. La confianza está rota y el tejido social debe restablecerse. La coherencia en las acciones del gobierno es crucial, pero además, y según se aconseja en el informe de la Defensora del Pueblo [7] es necesario:
Promover una fuerte institucionalidad estatal indígena, que desde el Estado vele por los intereses, expectativas, así como por los derechos de los pueblos indígenas.
Desarrollar la capacidad para el diálogo intercultural, que evite volver a lamentar el enfrentamiento violento entre peruanos y peruanas.
Construir un Estado inclusivo y sin discriminación a los pueblos indígenas.
Las asociaciones indígenas, por su parte, continúan fortaleciéndose, pero aún no cuentan con suficiente poder para dialogar con el gobierno en igualdad de condiciones. A la sazón están surgiendo movimientos políticos con base en la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios y la conservación del medio ambiente.
En el ámbito mundial, muchas organizaciones del Tercer Sector vigilan los movimientos del Gobierno peruano. Igual de atentas permanecen las grandes empresas de inversión privada, dispuestas a obtener todos los beneficios que aún les corresponden, según los tratados de comercio internacional.
Claudia Ángela Valverde Ortiz
jueves, 1 de julio de 2010
¿Freno a las inversiones? El debate sobre la ley de consulta a pueblos indígenas
Un informe de la comisión de expertos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) recomendó en febrero pasado al Gobierno Peruano suspender las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales que afecten a las comunidades indígenas y campesinas del país. Obviamente, tamaño pedido causó zozobra en los predios empresariales, a tal punto que el presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, señaló que dicha comisión se había extralimitado en sus funciones.
Pero la comisión había sido aun más severa. Además de pedir que se congelaran las actividades extractivas, llamó la atención al Estado Peruano indicando que no cumplía con once artículos del Convenio 169 de la OIT, relativos al sistema de consultas a las comunidades indígenas y nativas.
Dicha comisión insistía en que en el Perú no había un sistema de consulta legítimo ni una norma que valide el Convenio 169 en el país.
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa), Mayta Cápac Alatrista, señala que cuando dicha unidad de la OIT hizo este pedido varias organizaciones (estatales y privadas) agrupadas en la Mesa N° 3 (una de las cuatro mesas que se formaron tras los lamentables sucesos de Bagua) trabajaban en una norma sobre el derecho de consulta, que se cristalizó en el dictamen de ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, aprobado por el Congreso hace diez días.
POR INVERSIONES
¿Representa esta norma una amenaza para las inversiones extractivas como la minería, hidrocarburos y forestal que impactan en forma directa en las comunidades? Según el presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, esta no apunta a afectar a las empresas, pues la consulta a las comunidades indígenas o campesinas, según su interpretación, es para medidas legislativas que lesionan sus derechos.
“Hay una normatividad para las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales y el dictamen aprobado por el Congreso no altera lo ya establecido”, señala.
Sin embargo, no todos creen esto. El presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), Mario Palacios, indica que la norma sí alcanza a las empresas extractivas, puesto que el dictamen aprobado por el Congreso indica que se someterán a consulta también las medidas administrativas que afecten directamente los derechos colectivos de las comunidades.
Señala que una concesión minera o petrolera otorgada por el Estado es una acción administrativa, en ese sentido debe ser sometida a consulta.
Una fuente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) refiere que la norma aún tiene muchas aristas por aclarar. Hoy el Consejo Consultivo (formado por los ex presidentes de la SNMPE) se reunirá para analizar la norma y pronunciarse al respecto.
NO HAY VETO
Lo que sí queda claro es que no hay derecho a veto para las actividades extractivas. La ley tampoco considera los plebiscitos o consultas populares como mecanismos válidos para detener proyectos económicos.
Dennis Pashanase, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidepsep) —promotor de la norma— indica que la consulta no será a caseríos sino a pueblos y explica que se tratará de un diálogo directo con las autoridades legítimamente elegidas.
Sin embargo, la preocupación de los inversionistas mineros y petroleros no precisamente es el tema del veto, sino el hecho de que se formaría una serie de mesas de diálogo que retrasarían los proyectos.
José Miguel Morales indica que el riesgo de la norma es que se antepongan intereses políticos para detener proyectos necesarios para el país. “No se trata solo de proyectos mineros. Por ejemplo, si una carretera cruza por los terrenos de una comunidad y esta se opone por intereses políticos, podrían primar los deseos de estas pocas personas antes que los del país”, advierte.
La otra preocupación es el tema de la organización de las comunidades. Según el Indepa hay registradas 7.511 comunidades campesinas y nativas. Según Morales, no todas se encuentran debidamente organizadas y sus padrones no están actualizados. “Existen incluso directivas simultáneas disputándose el poder”, sostiene.
El presidente del Indepa, Wayna Cápac Alatrista, reconoce que en varias comunidades existen estos problemas, pero indica que esta organización trabaja por solucionarlos.
Alatrista aclara que, al final, las comunidades no dialogarán con las empresas sino con el Estado en su rol de administrador.
El dictamen aún no ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo. De promulgarse, el Indepa tendrá 90 días para implementar la ley.
El presidente de la Conacami, Mario Palacios, considera que, mientras esto suceda, el Gobierno debe detener el otorgamiento de concesiones mineras y petroleras atendiendo a la recomendación de la Comisión de Expertos de la OIT, pedido que vuelve a causar zozobra en los predios de la SNMPE.
Indígenas buscan sembrar 5 millones de árboles en un día en Guatemala
Una organización de jóvenes indígenas se ha propuesto sembrar en un solo día cinco millones de árboles con el fin de contribuir a la reforestación de Guatemala, donde cada año se talan entre 60.000 y 70.000 hectáreas de bosques.
Un dirigente del Movimiento Juvenil Aj Tzuk (El Buscador, en la lengua Q’iche”), Vinicio Sic, explicó que la actividad de reforestación se realizará el próximo 26 de junio en 400 comunidades de 13 departamentos del interior del país.
“La meta inicial es sembrar en ese días cinco millones de árboles, pero debido a que a la campaña se han unido ONG, instituciones del Gobierno como el Instituto Nacional de Bosques, y las iglesias, la cifra puede llegar hasta los diez millones”, anotó.
Sic aseguró que solo Aj Tzuk, que surgió en el 2005 y está integrado por 10 mil jóvenes indígenas, ya tiene preparados en sus viveros los cinco millones de árboles de diferentes especies que van a sembrar en nacimientos de agua, terrenos comunales y municipales, y áreas en riesgo de desertización y deforestación.
Esta será la segunda campaña de siembra de árboles denominada “Reforestando Guatemala” que organiza el movimiento indígena juvenil.
En la primera, el 27 de junio del 2009, la meta fue sembrar un millón de árboles y se llegó a 1.116.000; además, se abarcó un área de 1.300 hectáreas en nueve departamentos del país, indicó Sic
Para la campaña del 2010, dijo, se tiene previsto cubrir una superficie de 7.140 hectáreas y la participación de al menos 100.000 personas de todas las edades.
En Guatemala cada año se talan entre 60.000 y 70.000 hectáreas de bosques, lo que significan entre 60 y 73 millones de árboles y sólo se recuperan 18.000 hectáreas (18 millones de árboles), manifestó.
Sic destacó que con esta iniciativa “se busca garantizar el agua, evitar las sequías, mitigar los efectos del cambio climático y un aire puro para las futuras generaciones”.
Aprueban consulta previa a pueblos indígenas sin veto
Dicen que a la tercera va a la vencida. Ayer, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen de la futura ley que regula el derecho de consulta a los pueblos indígenas, pero sin que ello implique derecho a veto.
Este detalle motivó que los tres representantes del Partido Nacionalista Peruano fueran los únicos que votaran en contra de este aspecto de la futura ley y anunciaran que “harán la pelea” para corregir ese aspecto cuando el tema sea visto en una próxima sesión plenaria.
“Tal como ha sido aprobada nos deja un sinsabor. Se introduce el punto del veto que es perturbador y distorsiona el debate, además sería un mecanismo que trabaría el proceso de discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas”, afirmó la vocera del humalismo Marisol Espinoza.
AMPLIO DEBATE
Durante el amplio debate que se desarrolló en la sesión de la Comisión de Constitución participaron los legisladores Mauricio Mulder (PAP), Javier Bedoya de Vivanco (UN), Víctor Mayorga (PNP), María Sumire (PNP), Hilaria Supa (PNP), Marisol Espinoza (PNP), Aldo Estrada (UPP), Javier Valle Riestra (PAP), Martha Moyano (GPF) y Édgar Reymundo (BP).
Al final se acordó que sí existe el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados en forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, llámese sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.
La futura ley señala que también corresponde efectuar la consulta respecto a los planes y programas de desarrollo nacional y regional que afecten directamente a estas comunidades.
DISCREPANCIAS
En la sesión de la Comisión de Constitución asistió el representante de Conacami, Mario Peláez, quien discrepó del alcance aprobado en el dictamen porque desconoce el espíritu del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Recordó que en el artículo 6.2 del referido instrumento legal de alcance internacional se establece con claridad que la finalidad de la consulta previa es llegar a un acuerdo con el consentimiento de las comunidades.
SEPA MÁS
Tema se discutirá en plenaria de hoy
La presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ecología y Ambiente, Elizabeth León Minaya, anunció que el tema de la ley de consulta previa a las comunidades indígenas será visto hoy de todos modos por el pleno del Congreso.
Hace dos semanas la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ecología y Ambiente del Congreso aprobó el dictamen a la ley de consulta previa a las comunidades indígenas en los mismos términos que el de la Comisión de Constitución.
Indígenas bolivianos enterraron boca abajo a policías linchados
Los cadáveres de cuatro policías torturados y linchados por indígenas del suroeste de Bolivia fueron enterrados boca abajo, para, según sus creencias, evitar que sus almas “persigan” a quienes les asesinaron, informó hoy el Defensor del Pueblo , Rolando Villena.
Villena, quien estuvo en los últimos días en el lugar del crimen, declaró a medios locales que los indígenas, de acuerdo con sus creencias, enterraron los cadáveres boca abajo “para que el alma de los que han sido victimados no persiga a quienes los han victimado”.
“Las comunidades han admitido que hicieron justicia con sus manos. Tras haberlos torturado de la manera más cruel, los victimaron, pero no fueron quemados”, dijo el Defensor.
Los indígenas del pueblo de Uncía, en el norte del departamento de Potosí (suroeste), asesinaron hace nueve días a los policías tras acusarlos de supuestos homicidios, robos y extorsiones.
La Policía y el Ministerio Público no han podido ingresar desde entonces a Uncía para recuperar los cuerpos, ya que los “ayllus” (clanes de indígenas) declararon “zona roja” la región.
CUESTIÓN DE ESTADO
El presidente boliviano, Evo Morales, envió el lunes a sus ministros de la Presidencia, Óscar Coca, y Gobierno (Interior), Sacha Llorenti, a negociar con los indígenas para pedirles que devuelvan los cadáveres.
La negociación se suspendió sin éxito ni fecha de reanudación, ante la negativa de los indígenas a entregar los cuerpos, aunque luego acordaron que cada ayllu volverá a analizar la petición.
INDÍGENAS SE QUEDARÍAN CON CADÁVERES
Villena cree que la devolución de los cadáveres será un asunto “complicado” por la concepción indígena “sobre la vida misma”.
Recordó que los ayllus se niegan a la investigación de las muertes de los agentes y que, por el contrario, han exigido que se investiguen los presuntos asesinatos de siete indígenas, cometidos -según ellos- en los últimos seis años por policías.
EVO CONFÍA EN LÍDERES INDÍGENAS
Morales descartó hoy una intervención militar o policial y apeló a los indígenas que estén de acuerdo con la entrega de los cuerpos.
“No vamos a buscar ninguna intervención militar ni policial. Confiamos en algunos dirigentes indígenas y vecinos dispuestos a devolver los cuerpos por una cuestión humanitaria”, sostuvo Morales.
Según dijo el mandatario aimara en rueda de prensa en La Paz, “no es toda la población, ni siquiera son todos los ayllus, sino que es alguna gente usada por los contrabandistas” la que se opone a entregar los cuerpos de los policías linchados.
Insistió en que el Ministerio Público debe investigar “de oficio” el linchamiento, pero también las denuncias de presuntas extorsiones y abusos de poder cometidos por los agentes en la zona.
Reconocimiento de raíces indígenas: antes pecado, hoy un orgullo
Al investigar sobre sus ancestros europeos, varias familias peruanas se dieron con un pasado indígena, algo que cada día valoran más y exhiben con lógico y natural orgullo. La vergüenza de antaño parece ir quedando en el olvido
(Detalle de "Genealogía de los Incas", Museo Pedro de Osma).
Por: Ronald Elward.*
Corrían los años 30 cuando el padre del ex canciller Fernando de Trazegnies Granda (74) anunció, durante un almuerzo familiar, que don José de la Riva Agüero le había contado que su esposa era descendiente de Huayna Cápac. Se hizo un gran silencio. De Trazegnies-padre era belga y supuso que su comentario sería motivo de celebración, así que con entusiasmo repitió su hallazgo, y el silencio volvió a apoderarse de la mesa.
Tras el almuerzo, su suegra y matriarca de la familia, María Rosa Vásquez de Velasco de Granda, lo llamó aparte y le dijo: “usted no conoce las costumbres peruanas. Sabíamos muy bien de ese ancestro, pero hay pecados de familia de los que no se habla”.
Los cuatro descendientes
En esta nota, Fernando de Trazegnies Granda, Jorge Basadre Ayulo, Raúl Antonio Alvistur Trigo y Jorge Luis Vallejo Castello comentan sus raíces indígenas, las que fueron conociendo tras hurgar por sus apellidos europeos. Además de Huayna Cápac, nuestros protagonistas descienden de los caciques de Tacna, Pachacámac y Monsefú, respectivamente.
Del inca al siglo XXI
Fernando de Trazegnies Granda (74) cuenta que en Lima era un secreto a voces que los Vásquez de Velasco —antigua y aristocrática familia, y condes de la Laguna, a la que está vinculado por su abuela materna— tenían raíces indígenas. “José de la Riva Agüero y Raúl Porras Barrenechea hablaban sobre esto con mi padre”, señala. Se cree que su vinculación indígena se origina con Inés Huaylas, hija de Huayna Cápac y primera concubina de Francisco Pizarro. Después de darle dos hijos, este la casó en 1538 con Francisco de Ampuero, con quien tuvo tres hijos más. Uno de ellos, Martín de Ampuero y Yupanqui tuvo numerosa descendencia y de uno de ellos desciende De Trazegnies Granda.
Un artículo publicado por él, “La nobleza incaica en el derecho indiano”, ayuda a entender cómo recién con la independencia, las clases indígenas perdieron todo poder e influencia.
República excluyente
La corona española había reconocido las bases tradicionales de la nobleza inca, incorporándola al derecho español. Así, subsistió hasta 1823 cuando el Congreso republicano declaró la abolición de todos los títulos, fueran estos de origen español o indio. Según de Trazegnies, las familias españolas mantuvieron su posición pero las indígenas lo perdieron todo “porque, especialmente en zonas rurales, los caciques no tenían mucha educación, solamente su cargo y sin eso no tenían ninguna influencia política”.
Reafirmación de peruanidad
Para el ex canciller “descender de Huayna Cápac es un recuerdo personal. Uno no puede explotar su pasado pero me hace sentir más peruano, especialmente con un padre belga. Mi madre tenía la parte española y la indígena, es una reafirmación de peruanidad. El Perú no es solamente los españoles o los incas; es la mezcla. Necesitamos reevaluar la cultura indígena porque es parte de nosotros”.
Tengo el orgullo
El abogado Jorge Basadre Ayulo (70), hijo del historiador Jorge Basadre Grohmann (1903-1980), comenta que su padre investigó la historia de la hacienda Para, en Tacna, propiedad de la familia Forero (hasta la reforma agraria).
El historiador sabía que su abuelo, Carlos Basadre Izarnótegui se había casado en Tacna, en 1855, con María de la Concepción Forero y Ara, hija de Manuela Ara y Robles. Descubrió que Manuela era la hija de José Toribio Ara y Cáceres, último cacique de Tacna y prócer de la independencia. Los Ara, de origen aimara, descendían en línea directa de Apo Cari, conocido como Cariapasa, un general de Huayna Cápac y gobernador de los Lupaca (uno de los tres reinos aimara).
De Apo Cari descienden no solamente los Ara, caciques de Tacna sino también los Cari, caciques de Chucuito. “Estoy orgulloso de tener sangre indígena porque conocer nuestras raíces es importante para nuestra identidad”, comenta Basadre Ayulo y explica que para los tacneños durante la ocupación chilena fue clave: “Chile no tenía una nobleza indígena. Nosotros, sí”.
Señores del oráculo
Raúl Antonio Alvistur Trigo (63) es un ingeniero apasionado por la genealogía. En los años 70 un tío le pidió ayuda para verificar su vinculación con el héroe de la Batalla de Miraflores, Enrique Leonardo Barrón Bravo (1836-1881), pues le permitiría ser miembro de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, Vencedores del 2 de Mayo y Defensores Calificados de la Patria.
Alvistur confirmó el dato para su tío y además encontró que la madre del héroe, Petronila Bravo Jayo, hija de Juliana Jayo Sabá Garrido, descendía de un Julián Jayo Apumayta Taurichumbi Sabá Mango Capatinga. Ahí quedó el asunto hasta principios de este año, cuando Alvistur recibió información que probaba que Julián Jayo, artista de la Colonia y autor de los murales del primer claustro del convento de La Merced, era nada menos que nieto de Francisco Taurichumbi Sabá (1663-1733), cacique principal y gobernador de Pachacámac y Lurín.
Pachacámac fue el oráculo más importante del Imperio Inca, y el mayor de la región durante cerca de 1.000 años y su gobernador gozaba de un poder considerable. Alvistur confiesa que cuando originalmente dio con el nombre de este ancestro no pensó que tuviera relevancia ni esperaba encontrar más información. Hoy dice que “es un honor ser descendiente de estos caciques”, aunque señala que de no tener este linaje también estaría muy orgulloso. “Para muchos peruanos tener raíces indígenas es una vergüenza. La gente se interesa por sus apellidos españoles. En mi caso, a veces hasta me parece que ellos me buscan, que mis ancestros quieren ser conocidos”.
Orígenes y cultura
Jorge Luis Vallejo Castello (24) acaba de terminar sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Católica. En el 2006, y casi de casualidad, empezó a investigar el origen de su familia basándose en unas historias familiares que contaban que su bisabuelo había sido persona importante en Monsefú. Averiguó que su bisabuelo era José de los Santos Flores y Llontop, nieto de Juan Gabriel Llontop y Efio y bisnieto de Apolinario Antonio Llontop Fayso Farrochumbi (1742-1806), cacique principal y gobernador de Monsefú, Chepén y Tecapa, y segunda persona de Lambayeque.
“Con estos datos pude vincular a mi familia con los caciques de Monsefú, estudiados en detalle por el historiador Jorge Zevallos Quiñones y verifiqué sus datos en el archivo parroquial de Monsefú”. Su ancestro en línea directa fue el gobernador inca de esta zona: Cuncu Chumbi, de origen chimú.
Alianzas de familia
A lo largo de los siglos, los caciques de Monsefú establecieron una serie de alianzas políticas y sociales y contrajeron matrimonio con familias de importancia en la zona. Así descienden de los Fayso Farrochumbi, caciques de Ferreñafe y Lambayeque, quienes además dicen descender de la dinastía chimú de Lambayeque, fundada cerca a 1350 por el primer gobernador chimú, Pongmassa.
Vallejo Castello dice que para él es importante conocer sus raíces, “saber de dónde vienes, para saber a dónde vas. Es importante retribuir a la sociedad, rescatar la cultura y el conocimiento. Hoy se está revalorizando la cultura Moche, Lambayeque y Chimú. Veinte años atrás, las huacas eran basureros, eran vistas como algo que no servía. Ahora ya no. Ahora la gente se identifica más con su pasado y cuando sabes más de tus ancestros, más te conviertes en parte de eso”.
Una inca con Obama
En enero del 2009, Cecilia Muñoz fue nombrada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, directora de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca. Esto la convirtió en una de sus más cercanas colaboradoras.
Previamente a su designación, Cecilia Muñoz desarrolló una importante carrera como abogada y defensora de los derechos de los latinos, a la cabeza de la principal organización latina de ese país, el Consejo Nacional de la Raza.
Muñoz, ciudadana estadounidense, nació en Detroit en 1962, hija del boliviano Eduardo Muñoz Perou, un ingeniero automotor cuya madre, Blanca Perou Schmidt, era hija de Eduardo Perou Cusicanqui, de la familia Cusicanqui, caciques de Calacoto en Bolivia y descendiente directo de Felipe Túpac Yupanqui, hijo o nieto del emperador Túpac Yupanqui.
Felipe Túpac Yupanqui era cacique de Pacajes con la fortaleza de Caquingoro como capital, hoy una provincia en el sur del departamento de La Paz, Bolivia. Probablemente, la madre de Felipe fue una mujer de esta zona e hija de un curaca local.
En una real cédula de 1545 Carlos V les dio un escudo de armas. Alrededor de 1570, la familia abandonó Caquingoro y se mudó a la reducción de los indios en Calacoto, por la política del virrey Toledo. Descendientes notables son aparte de Cecilia Muñoz, el ex presidente boliviano Hernán Siles Zuazo y Esther Ashton Perou, embajadora de Bolivia en La Haya.
- Editor, investigador y genealogista holandés.*
AIDESEP solicitó misión especial de la ONU para que verifique in situ agresiones del gobierno a PP.II.
El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, Alberto Pizango Chota, informó el pedido a la ONU y al Relator Especial para Asuntos Indígenas, James Anaya, la presencia de una misión especial del organismo supranacional en el país para que constate las agresiones del gobierno peruano contra los PP.II., reflejado en su decisión de observar la Ley al Derecho a la Consulta.
El líder indígena precisó que el Ejecutivo al observar el derecho a consulta de los pueblos refleja una forma de discriminación, una forma racista que sólo busca generar conflictos hacia los pueblos y la ciudadanía peruana.
Asimismo, Pizango Chota remarcó que los pueblos no están contra la inversión, ni el desarrollo, pero sí exigen "respeto y diálogo permanente, pues no estamos diciendo que los pueblos no queremos el desarrollo, sino que lo que se viene haciendo a nivel de hidrocarburos, forestal y minería se haga con los estándares mínimos ambientales y respeto hacia nuestra vida”.
El presidente de la AIDESEP enfatizó que el Legislativo debe insistir en la aprobación de la ley y anunció que presentarán recursos ante el Tribunal Constitucional y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Alberto Pizango llegó a Yurimaguas para reencontrarse con su pueblo
En una plaza llena de hermanos Shawi, Cocama – Cocamilla, Awajún, Achuar; el Apu Alberto Pizango Chota, presidente de la AIDESEP, llegó a la ciudad de Yurimaguas y reiteró que el pedido de los pueblos indígenas es solamente que respeten sus decisiones, sus costumbres ancestrales y un diálogo sincero con las autoridades del gobierno para que entiendan que el desarrollo que ellos proponen es diferente al desarrollo que los pueblos desean.
Acompañado por Denis Pashanase y Bladimiro Tapayuri, coordinadores de las Mesas de Diálogo entre el gobierno y los PP.II.; Pizango reiteró que su regreso al país es para ponerse a derecho, para demostrar su inocencia de cargos que le imputaban por el simple hecho de decir la verdad, de ser el interlocutor que escogieron los pueblos para que eleve sus demandas de terminar con la contaminación de sus territorios.
“Muchas personas no entienden nuestro concepto de democracia: para nosotros es una democracia real donde los pueblos toman las decisiones y nosotros –sus representantes- lo único que hacemos es trasladarlo a las autoridades para que nos escuchen y conozcan nuestras opiniones”, enfatizó.
AIDESEP se pronuncia sobre la decisión de gobierno de observa la Ley de Consulta
El Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP emitió un pronunciamiento desmenuzando las razonas jurídicas del por qué las observaciones dadas por el Ejecutivo no tiene el menor asidero para que haya sido devuelto al Congreso la ley para que se le hagan correcciones que atentan contra los pueblos indígenas y su respeto hacia sus territorios ancestrales.
Coordinan alianza de los pueblos Achuar, Matsés y Awajún – Wampis
Ante la posibilidad de que el gobierno no acceda a anular la concesión de los lotes petroleros 135 y 137, los delegados Matsés están coordinando con las comunidades Achuar del Datem del Marañón y con los pueblos Awajún - Wampis de la cuenca del Santiago y Cenepa para conformar una alianza amazónica y junto con la AIDESEP iniciar acciones para que sea respetado su derecho a la libre determinación sobre sus territorios.
El caso del pueblo Matsés es que ellos denuncian que los lotes 135 y 137 se superponen al territorio Trapiche Blanco, que ellos han propuesto se le eleve a la categoría de reserva natural. En cuanto al lote 136, este ocupa las tierras de la comunidad Isconahua. Estos lotes se concesionaron a la petrolera canadiense Pacific Stratus Energy S.A. sin tener en cuenta que tienen título a favor de los Matsés.
Ángel Uaqui, Apu del pueblo, afirma que la preocupación de sus hermanos es que, si empieza la explotación de petróleo, desaparecerán esos recursos y sostuvo que han optado por el ecoturismo, y ellos mismos están elaborando un plan de manejo turístico vivencial “que no hará daño a nuestros recursos y tampoco a nosotros”.
Los indígenas de la amazonía peruana afrontan un importante derrame de crudo
Los indígenas de la amazonia peruana observan los restos de crudo.Los pueblos indígenas y ribereños del río Marañón denunciaron desde el pasado fin de semana un derrame de petróleo de grandes proporciones en una zona cercana a la estación de Saramuro, operada por la empresa argentina Pluspetrol.
Sin embargo, la confirmación oficial de la empresa no llegó hasta este lunes. Según su versión, de 300 a 400 barriles se habrían derramado desde el sábado pasado fruto del accidente de la barcaza Sanam III, alquilada por Pluspetrol para el transporte de 5000 barriles de crudo.
Daniel Guerra, gerente de relaciones institucionales de Pluspetrol, aseguró a la emisora radial Radio Programas del Perú que se han colocado bombas para mitigar los efectos del derrame, en cuya contención trabaja un centenar de personas.
Ante la falta de información oficial sobre este vertido, una delegación de autoridades y médicos de la región selvática de Loreto viajarán en las próximas horas hasta la base petrolera para comprobar los daños y suministrar medicamentos a la población afectada.
Según la emisora de radio La Voz de la Selva (Iquitos), serían ocho los centros poblados afectados por este derrame, entre los que se encuentra Santa Rita de Castilla, capital del distrito de Parinari
Este accidente podría tener graves consecuencias para la salud de los pobladores del río Marañón, ya que en su mayoría consumen agua de este gran río amazónico.
"Estamos llevando agua en deslizadores porque la gente desesperada no puede tomar agua del río y en la zona no existe agua potable", declaró a Radio La Voz de la Selva Robert Falcón, jefe de Defensa Civil del Gobierno Regional de Loreto.
Sin embargo, la confirmación oficial de la empresa no llegó hasta este lunes. Según su versión, de 300 a 400 barriles se habrían derramado desde el sábado pasado fruto del accidente de la barcaza Sanam III, alquilada por Pluspetrol para el transporte de 5000 barriles de crudo.
Daniel Guerra, gerente de relaciones institucionales de Pluspetrol, aseguró a la emisora radial Radio Programas del Perú que se han colocado bombas para mitigar los efectos del derrame, en cuya contención trabaja un centenar de personas.
Ante la falta de información oficial sobre este vertido, una delegación de autoridades y médicos de la región selvática de Loreto viajarán en las próximas horas hasta la base petrolera para comprobar los daños y suministrar medicamentos a la población afectada.
Según la emisora de radio La Voz de la Selva (Iquitos), serían ocho los centros poblados afectados por este derrame, entre los que se encuentra Santa Rita de Castilla, capital del distrito de Parinari
Este accidente podría tener graves consecuencias para la salud de los pobladores del río Marañón, ya que en su mayoría consumen agua de este gran río amazónico.
"Estamos llevando agua en deslizadores porque la gente desesperada no puede tomar agua del río y en la zona no existe agua potable", declaró a Radio La Voz de la Selva Robert Falcón, jefe de Defensa Civil del Gobierno Regional de Loreto.
Ecuador, Perú y Bolivia buscan normar la justicia indígena
Representantes de las Cortes de Justicia de Ecuador, Perú y Bolivia expresaron la necesidad de aprobar una norma para limitar los casos que debe juzgar la justicia ancestral, sin interponerse con la justicia ordinaria.
Ese fue uno de los temas abordados por los tres países en el recién concluida V Cumbre de Poderes Judiciales de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en la ciudad de Cuenca, según declaraciones que publica hoy la agencia pública Andes.
"Para marcar ese límite, el gobierno boliviano impulsa la Ley del Deslinde, cuerpo legal que tiene por objeto establecer la separación de la jurisdicción indígena campesina con la ordinaria", declaró el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, Luis Ortiz.
Dicho cuerpo legal será aprobado antes del 22 de julio próximo, y se hace urgente en Bolivia donde la justicia indígena es más compleja que en Ecuador, pues "tenemos 36 justicias indígenas y es muy conflictivo poder controlar las 36 formas de aplicar justicia", expresó.
En el Oriente boliviano, puso como ejemplo, "cuando una persona comete un ilícito se le amarra a un árbol de palo santo (una variedad de la región) para que las hormigas lo ataquen, y en el Occidente se les destierra de la comunidad a chicotazos (golpes)", señaló el jurista.
Javier Villa, de la Corte de Justicia de Perú, consideró que los tres países (Bolivia, Perú y Ecuador) tienen problemas similares, y dijo que en la zona norte de su país se creó la Escuela Intercultural con el fin de atender a todas las formas de justicia indígena.
Informó que en Perú se realizará el Primer Congreso de Justicia Transcultural, cuyo objetivo es analizar los patrones jurídicos involucrados en los diferentes modos de vida de las distintas etnias y de los distintos grupos sociales andinos, amazónicos y costeños.
En Ecuador, el presidente Rafael Correa insistió en que la justicia indígena debe circunscribirse a tratar los conflictos internos de las comunidades, dejando los crímenes de acción pública, los crímenes mayores como el asesinato, en manos de la justicia ordinaria
Ese fue uno de los temas abordados por los tres países en el recién concluida V Cumbre de Poderes Judiciales de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en la ciudad de Cuenca, según declaraciones que publica hoy la agencia pública Andes.
"Para marcar ese límite, el gobierno boliviano impulsa la Ley del Deslinde, cuerpo legal que tiene por objeto establecer la separación de la jurisdicción indígena campesina con la ordinaria", declaró el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, Luis Ortiz.
Dicho cuerpo legal será aprobado antes del 22 de julio próximo, y se hace urgente en Bolivia donde la justicia indígena es más compleja que en Ecuador, pues "tenemos 36 justicias indígenas y es muy conflictivo poder controlar las 36 formas de aplicar justicia", expresó.
En el Oriente boliviano, puso como ejemplo, "cuando una persona comete un ilícito se le amarra a un árbol de palo santo (una variedad de la región) para que las hormigas lo ataquen, y en el Occidente se les destierra de la comunidad a chicotazos (golpes)", señaló el jurista.
Javier Villa, de la Corte de Justicia de Perú, consideró que los tres países (Bolivia, Perú y Ecuador) tienen problemas similares, y dijo que en la zona norte de su país se creó la Escuela Intercultural con el fin de atender a todas las formas de justicia indígena.
Informó que en Perú se realizará el Primer Congreso de Justicia Transcultural, cuyo objetivo es analizar los patrones jurídicos involucrados en los diferentes modos de vida de las distintas etnias y de los distintos grupos sociales andinos, amazónicos y costeños.
En Ecuador, el presidente Rafael Correa insistió en que la justicia indígena debe circunscribirse a tratar los conflictos internos de las comunidades, dejando los crímenes de acción pública, los crímenes mayores como el asesinato, en manos de la justicia ordinaria
Indígenas reclaman participar en negociaciones sobre cambio climático
Centro de Culturas Indígenas del Perú reclamó mayor atención para los pueblos andinos del
Perú, Ecuador y Bolivia por los efectos del cambio climático.
Hoy se presentó en Bonn, Alemania; la Red Mundial de Pueblos Indígenas para el Cambio Climático,
en el marco de la segunda jornada de negociaciones que se desarrollan en esta ciudad alemana sede
de las Naciones Unidas, en las que se busca alcanzar acuerdos concretos para frenar el calentamiento
global.
En la mesa directiva de este organismo, que busca articular la voz de los pueblos indígenas de todo el
mundo, se encuentra junto a las representantes de los pueblos originarios de Filipinas y Kenya, Tarcila
Rivera Zea, directora ejecutiva del Centro de Culturas Indígenas del Perú.
Durante el diálogo que sostuvo con RPP, Tarcila Rivera recalcó la necesidad que tienen los pueblos
indígenas de todo el mundo de unir sus voces para ser escuchados en las negociaciones sobre el cambio
climático que organiza la ONU, ahora en Bonn y en diciembre próximo en Cancún, México.
Además reclamó mayor atención para los pueblos andinos del Perú, Ecuador y Bolivia, puesto que ellos
están siendo ya afectados por el cambio climático y no reciben la atención que de momento acaparan
los bosques tropicales y los pueblos que viven en ellos.
Por: Ricardo Gómez Palma
Perú, Ecuador y Bolivia por los efectos del cambio climático.
Hoy se presentó en Bonn, Alemania; la Red Mundial de Pueblos Indígenas para el Cambio Climático,
en el marco de la segunda jornada de negociaciones que se desarrollan en esta ciudad alemana sede
de las Naciones Unidas, en las que se busca alcanzar acuerdos concretos para frenar el calentamiento
global.
En la mesa directiva de este organismo, que busca articular la voz de los pueblos indígenas de todo el
mundo, se encuentra junto a las representantes de los pueblos originarios de Filipinas y Kenya, Tarcila
Rivera Zea, directora ejecutiva del Centro de Culturas Indígenas del Perú.
Durante el diálogo que sostuvo con RPP, Tarcila Rivera recalcó la necesidad que tienen los pueblos
indígenas de todo el mundo de unir sus voces para ser escuchados en las negociaciones sobre el cambio
climático que organiza la ONU, ahora en Bonn y en diciembre próximo en Cancún, México.
Además reclamó mayor atención para los pueblos andinos del Perú, Ecuador y Bolivia, puesto que ellos
están siendo ya afectados por el cambio climático y no reciben la atención que de momento acaparan
los bosques tropicales y los pueblos que viven en ellos.
Por: Ricardo Gómez Palma
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